El último golpe del delincuente: Piñera esconde las bases de la licitación del litio al senado

El proceso de licitación para que empresas privadas nacionales y extranjeras puedan explotar 400 mil toneladas de litio, impulsada por el gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, ha sido a lo menos turbia, trucha y calificada como inoportuna y apresurada. Esto porque el anuncio de las empresas del sector privado que se adjudicaron la licitación se darán a conocer el próximo 14 de enero, es decir, a menos de dos meses de que termine la administración de Piñera. Debido a que el litio es un recurso natural estratégico y donde Chile tiene el 44% de las reservas del mineral a nivel mundial, la decisión del Ejecutivo ha generado cuestionamientos y sospechas debido a que algunos consideran poco apropiado que un gobierno saliente ceda los derechos de tan importante recurso. Producto de lo estratégico del litio y la poca información disponible del proceso, el 13 de octubre del año pasado la Comisión de Minería y Energía del Senado ofició al Ministerio de Minería y Energía para que entregara antecedentes de la licitación.

“Lo curioso es que no se establece localización, no se establece las tecnologías ambientales que se van a utilizar. No se dice en qué salar se va a instalar la explotación”, señaló en esa oportunidad Yasna Provoste, presidenta de la comisión. La senadora dijo además que el Estado debe cautelar reservas estratégicas como también imponer las condiciones de sustentabilidad ambiental. Algo que hasta la fecha no es de conocimiento público respecto a este proceso de licitación. La respuesta de La Moneda llegó el pasado 22 de diciembre y es una muestra más de lo turbio y poco transparente que ha sido el proceso de licitación. En el escrito, el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, señala que las bases de licitación “no tiene carácter público, toda vez que sólo pueden tener acceso a su contenido aquellas personas que hayan adquirido dichas bases”. En otras palabras, las condiciones en que se está realizando la licitación de tan importante y estratégico recurso natural no pueden ser revisadas ni siquiera por los senadores de la República, contraviniendo el derecho que tiene el Poder Legislativo a saber, más cuando se trata de un tema tan relevante como es el litio.

En ese sentido, este jueves el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, ingresó un oficio a la Contraloría regional solicitando un pronunciamiento de pertinencia de la aplicación del criterio de coordinación entre órganos del Estado. El escrito se basa en el artículo 37 bis de la ley 18.880 de Bases de Procedimiento Administrativo, que establece que, cuando un órgano de la Administración del Estado deba evacuar un acto administrativo de carácter general que tenga claros efectos en los ámbitos de competencia de otro órgano, “le remitirá todos los antecedentes y requerirá de éste un informe para efectos de evitar o precaver conflictos de normas”, lo que según el gobernador no fue cumplido. “No nos parece que se hipoteque el futuro de la región por 30 años sin considerar la voz de la región, ni tampoco en estas circunstancias en donde viene un nuevo gobierno. Queremos respaldar que se debe hacer dialogo nacional y amplio, pero por sobre todo considerar la voz de la región”, argumentó Díaz. En la presentación, la máxima autoridad regional acusa que “la obligación del ministerio de Minería de remitir todos los antecedentes y requerir de éste gobierno regional un informe para efectos de evitar o precaver conflictos de normas, no ha sido cumplido, no ha existido coordinación alguna ni siquiera comunicación formal o informal”. Uno de los argumentos para no entregar las bases de licitación es que se debe “resguardar los derechos adquiridos por los terceros interesados en el proceso”. “Para efectos de resguardar los derechos adquiridos por los terceros interesados en el proceso, como también para velar por el correcto desarrollo del proceso de licitación, no nos es viable acceder a la entrega de las Bases de Licitación en comento, sino una vez que el proceso finalice con la respectiva adjudicación”, señala el documento.

Es decir, las bases de licitación solo se podrán conocer cuando el proceso ya haya finalizado. “Esto parece un traje a la medida para alguien”, fueron las palabras de Provoste el pasado 13 de octubre. Aunque no mencionó a ninguna empresa en específico, el proceso de licitación que permite 5 cuotas de 80 mil toneladas cae como anillo al dedo para SQM, quien tiene un contrato de arriendo con Corfo y que debiera terminar en 2030. Adjudicarse esta nueva licitación le permitiría seguir operando por casi 20 años más. En el Informe Jurídico entregado el 14 de diciembre por el Ministerio de Minería y Energía a raíz de la solicitud de la comisión correspondiente a esa materia, no se entrega información relevante, como por ejemplo, el lugar en que se realizará la extracción del mineral ni tampoco las condiciones de sustentabilidad ambiental. Un dato curioso y que ha sido materia de cuestionamientos, es que la firma de los contratos se realizará el 14 de marzo, es decir, al tercer día de que Gabriel Boric asuma como nuevo Presidente de Chile. Cabe recordar que la jornada del miércoles, la bancada del Partido Comunista presentó un proyecto de ley para frenar el proceso de licitación, donde se establece que hasta que se promulgue la nueva Constitución, el Estado de Chile no puede suscribir ningún contrato de explotación ni menos aún hacer una licitación. “De ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, anularía la licitación que hoy día pretende llevar adelante el 14 de enero el ministro Jobet y Piñera, que es algo escandaloso”, señaló el diputado y senador electo del PC, Daniel Nuñez.